Abogados se pronuncian ante muertes de jóvenes durante supuestos intercambios de disparos con la Policía

San Francisco de Macorís. – Varios abogados consultados fijaron su posición en torno al incremento de las muertes de jóvenes vinculados a hechos delictivos durante supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional, situación que ha generado cuestionamientos sobre el accionar de las autoridades.

Los profesionales del derecho coincidieron en señalar que las autoridades deben investigar cada caso y garantizar que las personas perseguidas sean apresadas y sometidas a la justicia cuando existan órdenes de arresto o evidencias que las vinculen con hechos delictivos. A su juicio, el uso de la fuerza por parte de los agentes debe estar sujeto a las normas y al respeto de los derechos humanos.

Uno de los abogados consultados consideró que existe una práctica policial que debe llamar la atención de las autoridades, al cuestionar que personas buscadas por la comisión de delitos terminen muertas durante intervenciones en las que, según los reportes oficiales, se producen intercambios de disparos. No obstante, sostuvo que cuando un individuo utiliza un arma de fuego contra agentes policiales, estos tienen derecho a responder ante la agresión.

Otro de los juristas calificó como una mala práctica la eliminación física de personas señaladas como delincuentes, al considerar que esta conducta entra en contradicción con los principios de los derechos humanos. Sin embargo, también planteó que existen casos de personas con varias órdenes de arresto que permanecen en las calles, situación que, según explicó, puede llevar a los agentes a recurrir a otras vías durante los operativos.

De acuerdo con cifras citadas por algunos medios oficiales, en lo que va de año unas 186 personas en conflicto con la ley han perdido la vida a manos de patrullas de la Policía Nacional en diferentes puntos del país. Los abogados consultados plantearon la necesidad de que cada muerte ocurrida durante operaciones policiales sea esclarecida y que, cuando corresponda, se establezcan las responsabilidades conforme a la ley.