El presidente Luis Abinader defendió este lunes la designación de Magín Díaz como nuevo ministro de Hacienda, resaltando su perfil técnico y su trayectoria al servicio de distintos gobiernos desde el año 2000.

SANTO DOMINGO.– Un teniente del Ejército de República Dominicana (ERD) mató a una mujer la madrugada de este lunes en el municipio de Cambita, provincia San Cristóbal.

Este lunes inició con una trágica noticia en Cotuí: dos personas perdieron la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de Cascajal, próximo a la presa de Hatillo.

El relato de una sobreviviente del accidente de autobús que dejó cinco muertos y 52 heridos en la carretera Jamao-San Victor, en la provincia Espaillat, revela una serie de incidentes preocupantes previo al hecho.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el país continuará bajo los efectos de una vaguada, así como de ligeras concentraciones de polvo del Sahara.

La operación incluyó nueve allanamientos y 35 operativos en los que fueron intervenidos puntos de drogas. Red incluía hombres para explotación sexual.

Al menos tres personas perdieron la vida y decenas resultaron heridas la tarde de este domingo, cuando un autobús, que regresaba desde Playa Grande en Río San Juan, sufrió un accidente en la carretera Jamao al Norte, específicamente en la comunidad de La Cabirma, municipio San Víctor, provincia Espaillat.

El expresidente de la República, Danilo Medina, valoró la designación de Magín J. Díaz como nuevo ministro de Hacienda, y resaltó su trayectoria como tecnócrata al servicio de distintos gobiernos dominicanos durante las últimas dos décadas.

El Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) continuaron los operativos en el municipio de Sosúa, Puerto Plata, durante los cuales apresaron este fin de semana a nueve personas, ocuparon sustancias controladas y desmantelaron “múltiples” centros de distribución de narcóticos.

Los abogados de la Oficina de la Defensoría Pública (ONDP) estarán obligados a representar a las empresas vinculadas en procesos penales que así se lo soliciten, decidió la Suprema Corte de Justicia (SCJ).