Abogado exige a la JCE mayor fiscalización sobre fondos públicos destinados a partidos políticos
El abogado Hernani Aquino instó a la Junta Central Electoral (JCE) a asumir con mayor firmeza y responsabilidad su mandato constitucional de fiscalizar el financiamiento público otorgado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en medio del debate generado por la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % los recursos asignados a las organizaciones políticas.
El jurista sostuvo que la discusión sobre el financiamiento partidario no debe centrarse únicamente en la defensa de los recursos económicos, sino también en la obligación de garantizar transparencia, control y rendición de cuentas sobre el uso de esos fondos públicos.
“No es suficiente emitir comunicados en defensa de los recursos; la ciudadanía exige acciones concretas de control, auditoría y transparencia en el uso de los fondos del Estado”, manifestó Aquino.
El abogado recordó que tanto la Constitución de la República como la Ley Orgánica del Régimen Electoral y de Partidos Políticos confieren a la JCE la responsabilidad de velar por la equidad, la legalidad y el correcto destino de los recursos entregados a las organizaciones políticas.
Sin embargo, advirtió que persiste una marcada debilidad en los mecanismos de supervisión y fiscalización, situación que —a su juicio— continúa deteriorando la credibilidad del sistema democrático y aumentando la desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas y los actores políticos.
Aquino afirmó que el país demanda una actuación más rigurosa por parte del órgano electoral, capaz de garantizar auditorías eficientes, controles permanentes y sanciones oportunas frente a posibles irregularidades en el manejo de los fondos estatales.
“Solo con una fiscalización seria, independiente y transparente se fortalecerá la democracia dominicana y se honrará el mandato que el pueblo ha conferido a la Junta Central Electoral”, enfatizó.
El planteamiento del jurista surge luego de que la Junta Central Electoral rechazara públicamente la propuesta del Gobierno de reducir en un 50 % el financiamiento público destinado a los partidos políticos, alegando que la medida vulnera el marco constitucional y legal vigente, además de comprometer los principios de legalidad, equidad e integridad electoral.
A través de un comunicado emitido el pasado 8 de mayo, la JCE recordó que la Ley 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, establece en su artículo 224 que, en años no electorales como el 2026, el Estado debe asignar a las organizaciones políticas el equivalente al 0.25 % de los ingresos nacionales.
No obstante, la Ley de Presupuesto General del Estado para 2026, promulgada el 16 de diciembre de 2025, contempla únicamente un 0.12 %, cifra inferior a la establecida por la normativa vigente y que ha intensificado el debate nacional sobre el financiamiento político, la transparencia institucional y el uso responsable de los recursos públicos.