Automatizan las compras del Estado para impulsar la transparencia
La nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas en República Dominicana entró en vigor en enero de este año con el objetivo de modernizar el sistema nacional, fortalecer la transparencia y eficientizar las compras del Estado dominicano, impactando de manera positiva en la economía.
A lo largo de su intervención en el Desayuno Listín Diario, encabezado por Miguel Franjul, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, abordó la implementación, objetivos y los avances logrados de la nueva normativa con un enfoque especializado en la automatización.
Pimentel estuvo acompañado de Carlos Romero, director de Gestión del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP); Brenda Núñez, analista funcional del SNCP; Katherine Gutiérrez, directora de Investigación y Reclamos; Ana Lisania Batista, encargada de la División de Prensa y Relaciones Públicas, y María Teresa Morel, encargada del Departamento de Comunicaciones.
Según el funcionario, la DGCP ha implementado una intensa automatización de los procesos para asegurar una mayor operatividad, logrando reducir los trámites que tardaban meses a menor tiempo, garantizando así un tiempo de respuesta más eficiente para los proveedores.
De un proceso que pudo durar tres meses, explicó que hoy se puede hacer hasta en un minuto y la notificación inmediata.
“Por ejemplo, una solicitud de un registro de proveedor; el tiempo de respuesta son dos días y ya lo estamos entregando en un día”, manifestó Pimentel para reseñar el alcance de la actual legislación, tomando en cuenta que la DGCP monitorea el 92% del monto que contrata el Estado dominicano.
Tan solo durante el primer trimestre del 2026, el SNCP registró sus mejores indicadores de actividad, inclusión y competencia, con 14,312 procesos publicados, 14,612 contratos formalizados y un monto total de RD$33,642 millones.
“Esto es muy importante porque se generó una corriente que decía que con la nueva ley y su implementación se iba a generar una especie de retraso en las contrataciones; sin embargo, los datos dicen todo lo contrario”, señaló.
En ese sentido y en comparación con el periodo anterior, los resultados se evidencian en una reducción del 17% de los procesos cancelados, un aumento del 3% en los procesos planificados, un total de RD$33,642 millones en adjudicación, representando un aumento del 72% en comparación con los RD$19,470 millones adjudicados en el trimestre pasado.
Los números reflejan un crecimiento de casi un 46% en el número de oferentes diferentes y, en las adjudicaciones a las mipymes, el monto pasó del 18.5% al 33%, marcando un punto de inflexión en este ecosistema y las compras del Estado.
En síntesis, los avances más significativos del período se concentran en la expansión de la inversión pública en infraestructura, que pasó de RD$364 millones a RD$12,054 millones en contratos de obras; el incremento en inclusión de mipymes certificadas, cuyo monto adjudicado creció 241%; y el aumento en competencia efectiva, evidenciando tanto en el promedio de ofertas por proceso como en la reducción de la concentración entre los principales adjudicatarios.
Asimismo, Pimentel indicó que el sistema permite visualizar cuáles productos, como la adquisición de equipos tecnológicos, insumos de manejo y papelería, son los más solicitados por el Estado.
El funcionario también resaltó que dentro de este contexto el factor de la “soberanía tecnológica del Estado” es importante porque desde el 2021 la entidad rectora asumió el control total del sistema electrónico de contrataciones.
“Tenemos una dirección de sistema electrónico donde hay expertos en infraestructura, expertos en ciberseguridad, expertos en funcional, expertos en desarrollo y o talento dominicano que nos ha permitido gestionar. No dependemos de nadie”, enfatizó.
Reglamentos
Aunque la normativa fue promulgada el 28 de julio de 2025 y entró en vigor 180 días después, Pimentel indicó que su adopción requirió de reglamentos especiales como el de veeduría ciudadana, que procura la participación ciudadana en el monitoreo de las contrataciones públicas, incluyendo acciones como la vigilia, seguimiento y monitoreo de los procesos de compras y contrataciones públicas de bienes, servicios, obras y concesiones.
A la lista también se suman el de registro de proveedores, procedimiento administrativo sancionador, el de métodos alternos de resolución de conflictos, entre otros más, que buscan optimizar el sistema de contrataciones para lograr los objetivos señalados de la ley 47-25.
Uso de la IA
La DGCP también cuenta con un sistema de alerta preventiva y reactiva con algoritmos de inteligencia artificial (IA) para analizar los procedimientos de compra pública y detectar posibles prácticas de manipulación, patrones de comportamiento, análisis de sentimiento a nivel de los medios de comunicación.
“Tenemos una implementación de inteligencia artificial muy importante porque realmente nos ayuda a eficientizar”, aseguró el director de Contrataciones Públicas.