Se soltó Memelo
El nuevo director de la Policía Nacional acaba de poner sobre la mesa un tema que durante mucho tiempo ha generado sospechas y preguntas sin respuestas: las riquezas que algunos altos mandos acumulan mientras ejercen funciones públicas.
La decisión de dar 30 días para que los altos oficiales presenten su declaración jurada de bienes no debe verse como un simple trámite burocrático.
Debe convertirse en una radiografía seria de la transparencia dentro de la institución llamada precisamente a garantizar el orden y la seguridad de todos.
Porque una cosa es tener un patrimonio fruto del trabajo, la inversión legítima y el esfuerzo familiar, y otra muy distinta es exhibir riquezas que no guardan relación con los ingresos que legalmente puede recibir un funcionario público.
Aquí no se trata de acusar a nadie sin pruebas. Se trata de preguntar: ¿de dónde salen esas fortunas?
¿Cómo puede un servidor público justificar propiedades, vehículos, negocios y otros bienes cuyo valor parece superar ampliamente sus ingresos conocidos?
La declaración jurada debe dejar de ser un documento que se archiva en una oficina.
Tiene que ser una herramienta efectiva para detectar enriquecimiento ilícito, conflictos de intereses y posibles actos de corrupción.
Si alguien puede demostrar que su patrimonio es legítimo, bienvenido sea.
Pero si no puede explicar el origen de sus riquezas, entonces corresponde a las autoridades investigar y determinar responsabilidades.
La Policía Nacional necesita recuperar algo más que la seguridad ciudadana: necesita recuperar plenamente la confianza de la sociedad.
Por eso, la orden de los 30 días debe ser el comienzo de una verdadera depuración patrimonial.
Que se revise, que se compare, que se investigue y que, si aparecen riquezas injustificadas, se actúe conforme a la ley.
Porque SE SOLTÓ MEMELO: llegó la hora de que quien administra el poder público también pueda explicar con claridad cómo administra y cómo adquiere sus bienes.
La transparencia no puede ser una amenaza para quien está limpio. Al contrario, debe ser su mejor defensa.
El nuevo director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, otorgó un plazo de 30 días a los altos mandos para presentar su declaración jurada de patrimonio ante la Cámara de Cuentas. Detalles de la medida Alcance: La medida aplica a directores centrales, regionales, de áreas y comandantes departamentales. Base Legal: Se fundamenta en la Ley 311-14 y su reglamento. Consecuencias: El incumplimiento conllevará la destitución inmediata y sanciones reglamentarias.