Más de 200 muertos, y contando

Los homicidios perpetrados por aparatos coercitivos del Estado dominicano, especialmente los realizados por agentes policiales, son el segundo renglón más alto en la sociedad, según el sociólogo Cándido Mercedes, quien señala un acumulado de más de 200 casos en lo que va de año, siendo los jóvenes los más afectados por esta “política sangrienta estatal” y por encima del crimen organizado.

Una cifra que estremece y que obliga a la sociedad dominicana a exigir respuestas claras, datos verificables y transparencia.

La pregunta es inevitable: ¿dónde está el informe confiable que permita conocer las circunstancias de cada muerte? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Cómo ocurrieron los hechos? ¿Se investigó cada caso de manera independiente?

La Policía tiene la responsabilidad de combatir la delincuencia, pero también tiene el deber de actuar dentro de la ley y rendir cuentas a la ciudadanía.

No basta con presentar cifras ni con justificar cada muerte bajo la expresión de intercambio de disparos. Cada caso merece una investigación seria, porque la vida humana no puede reducirse a una estadística.

La transparencia no debilita a las instituciones; fortalece su credibilidad.

En una democracia, la autoridad no debe temerle a las preguntas, sino responderlas con evidencias.

Porque cuando hay alrededor de 200 muertos y no hay información suficientemente clara y verificable, la sociedad tiene derecho a preguntar, a fiscalizar y a exigir justicia.

¡La seguridad ciudadana es un deber del Estado, pero la transparencia y el respeto a la vida también lo son!

La Policía no puede actuar como un tribunal paralelo que aplica la pena de muerte, y solamente a los de a pie.